Estado de Chile sufre sucesivas derrotas legales en CIADI y en casa

Teniente Federici fue testigo del Estado para fines diferentes
por Lucía Sepúlveda Ruiz
La defensa de Chile llevó al CIADI (Washington) a un oficial de carabineros como testigo ante una demanda que perdió. La petición de arbitraje en el marco del Tratado de Libre Comercio Chile-Colombia había sido presentada en 2021 en el CIADI por ISA InterChile S.A. debido a una multa cursada a la empresa ante atrasos en la entrega de una obra (1) . Compareció en Washington el teniente de Carabineros Mattia Federici, entonces jefe de la tenencia de Olmué y actualmente en funciones en Collipulli. Posteriormente el mismo funcionario atestiguó en Limache por el Ministerio Público, pero ahora en acuerdo con ISA Inter Chile S.A. Ambos querellantes acusaban obstrucción violenta del proyecto por manifestantes. Sin embargo la petición formulada por la entidad del estado y la empresa de criminalizar a un grupo de comuneros de La Dormida, fracasó en los tribunales nacionales.

Los defensores ambientales buscaban detener el tramo del proyecto Cardones Polpaico que atravesaba la Reserva de la Biosfera Campanas Peñuelas. Ellos protagonizaron una acción de protesta en abril de 2019, subidos por 12 días a una torre del proyecto de transmisión eléctrica Cardones Polpaico. Luego de mantenerse allí con apoyo de la comunidad, fueron obligados a bajar por el GOPE, grupo de operaciones especiales de Carabineros de Chile.
La participación del teniente Federici como testigo en Washington saltó a conocimiento público en el juicio del que fue parte la citada empresa en enero de 2025 en el juzgado de Garantía de Limache. En la página 15 de la sentencia dictada a favor de los comuneros, el juez Daniel Bravo (2) señala textualmente, citando la declaración del uniformado: “La torre que fue escalada fue la 826. Lo sabe (Federici) porque fue a un litigio internacional en Estados Unidos, por la empresa que construyó la torre. Fue una demanda de la empresa en contra del Estado de Chile.”
Una reciente aclaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, posterior a la primera publicación de este artículo, permitió aclarar que quien llevó a declarar a Washington a Federici fue el Estado de Chile y no ISA Inter Chile S.A., como podría interpretarse por la redacción de la sentencia citada. A esta confusión contribuye la total falta de transparencia y la opacidad existente respecto de las demandas internacionales que Chile recibe por parte de empresas, con base en los Tratados de Libre Comercio. En las páginas de la Cancillería no está consignado el texto del laudo de 500 páginas en contra del Estado de Chile, que debimos pesquisar (3) para la citada rectificación.
El juicio nacional contra los defensores ambientales que tuvo lugar en Chile en enero de 2025 (4)  fue la primera de varias judicializaciones ocurridas este año por parte de corporaciones trasnacionales que buscan criminalizar la protesta social.

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El fallo del CIADI contra Chile se conoció en diciembre de 2024 tras 3 años de litigio y obligó al país a pagar 21,5 millones de dólares a la empresa ISA-Chile. El Estado tuvo que devolver con intereses la multa aplicada a la empresa, aunque esta inicialmente había demandado a Chile por 200 millones de dólares.
¿Cómo se pagan esas demandas de los inversionistas con base en los Tratados de Libre Comercio suscritos por Chile, que les permiten saltarse la legislación nacional e intervenir en decisiones soberanas del Estado? Ese gasto se incluye cada año en el presupuesto nacional, lo que significa menos dinero para el escuálido gasto social que se debate anualmente. La Ley de Presupuestos 2023 (partida 06, item 561) asignó un monto de casi U US$ 1.000.000 al Ministerio de Relaciones Exteriores por demandas ISDS, habiendo varias demandas en curso con altos costos en abogados a lo largo del proceso y más debido a los fallos. En la página 381 del citado laudo se detalla que el Estado de Chile tuvo un gasto de US$3.484.339,9, equivalentes a $116.22.051 en moneda chilena en honorarios, viajes y hotelería. A ello se suma el costo del arbitraje (compartido) que asciende a US$1.140.347. El 80% de esos costos fueron cubiertos por el demandante, según ordenó el fallo de mayoría emitido por los llamados “árbitros” integrantes del tribunal extranjero: Philippe Pinsolle y Carmen Núñez Lagos. Hubo una disidencia, del árbitro Luis González García quien argumentó a favor de los fundamentos planteados por Chile para multar a ISA Inter-Chile.
El sistema de arbitrajes en el CIADI y su impacto en la soberanía de los estados ha concitado rechazo en muchos países y analistas. Sin embargo Chile jamás ha solicitado revisar este mecanismo y continúa sometiéndose mansamente a este sistema de resolución de controversias pese a que Estados Unidos, un socio comercial relevante, está incumpliendo el tratado vigente respecto de los aranceles. Tampoco ha presentado una demanda al CIADI sobre esta violación del tratado Chile-Estados Unidos.
Un fallo histórico
El 25 de enero de 2025 se inició en el Tribunal de Garantía de Limache el juicio contra los cinco defensores ambientales criminalizados por la empresa colombiana ISA Inter Chile S.A. y el Ministerio Público. La sentencia pronunciada por el juez Daniel Bravo, leída el 3 de febrero, absolvió a Mario Aravena Zamora, Nancy Sagredo, Natalia Berger Barrera, Cristián Jorquera y Esteban Quezada Henríquez, acusados de los cargos de obstrucción de trabajos durante los días 2 al 21 de abril (5) . El fallo, considerado histórico por los argumentos del juez al ponderar las pruebas, sostuvo: “Todo lo anterior permite concluir que no se observa una oposición caprichosa o irrazonable a los trabajos de Interchile S.A. en la Cuesta La Dormida, sino que ello obedecía a un actuar motivado en aplicación del derecho de vivir en un medio ambiente libre contaminación que consagra la Constitución Política de la República en su artículo 19 N°8, al advertirse dudas en torno al cabal cumplimiento de las normas jurídicas que debían cumplirse en el proyecto de instalación de las torres de alta tensión en el lugar. ”
El juez Daniel Bravo sostuvo además que la protesta desarrollada en el lugar no tuvo carácter violento. El magistrado condenó en costas a la empresa y el Ministerio Público.

El historial de Isa Interchile
Ambos querellantes, Estado y empresa aliados en Limache contra los defensores ambientales, acusaban a los comuneros, habitantes de la Cuesta La Dormida, de haber retrasado su obra y causado perjuicio económico dado que permanecieron 12 días subidos a la torre 826, paralizando los trabajos de conexión. Solicitaban pena de presidio por un año para los defensores ambientales, sobre la base del artículo 272 del Código Penal que castiga la “oposición injustificada” a la ejecución de una obra pública. Todos sus testigos fueron carabineros o funcionarios de investigaciones, más un gerente de la empresa.
A lo largo de diversas acciones de protesta, la empresa compró voluntades para dividir a la comunidad, e impulsó una conciliación rechazada por la superintendencia de Medio Ambiente. La maniobra fue denunciada por los defensores de la cuesta La Dormida, entre ellos Mauricio González, del Movimiento por el Agua y Territorios MAT, quien en vida fue parte y protagonista de esta lucha. Las diez torres de la cuestionada iniciativa llevan actualmente energía a las empresas mineras atravesando la Reserva Campana-Peñuelas.
A lo largo del proceso se estableció que la oposición al proyecto se había iniciado el año 2017 y que la empresa había iniciado las obras en 2018 sin contar con autorizaciones ambientales ni servidumbres de paso en ese lugar protegido y habitado por los comuneros. Sus trabajadores ingresaban a pie o en helicóptero y el helipuerto funcionaba de forma irregular. El doctor en Ciencias Naturales Andrés Moreira Muñoz, geógrafo y profesor de la Universidad Católica de Valparaíso declaró en el proceso respecto de las irregularidades del proyecto. Con posterioridad a la ocupación de la torre 826, la Corte Suprema declaró nula la autorización de las torres levantadas en un tramo cercano de la obra y conminó a la empresa a hacer modificaciones al proyecto. Moreira dio testimonio del daño ambiental producido en el lugar y sostuvo que hubo un vasto movimiento de oposición al proyecto del cual formaban parte los defensores ambientales. En 2020 la Superintendencia de Medio Ambiente había constatado la construcción de torres de alta tensión en zonas diferentes a las indicadas en el proyecto, y la afectación a bosque nativo de conservación, con especies amenazadas como el Belloto del Norte, sin los permisos sectoriales correspondientes.
Más adelante, en 2024, la Corte Suprema anuló el permiso ambiental de diez torres de alta tensión del proyecto por haberse emplazado en un lugar diferente al indicado, y sin informar que afectarían la Reserva de la Biósfera La Campana.

Sin embargo a la fecha del juicio (2025) la obra de Isa Inter Chile S.A. ya estaba construida y funcionando.

La empresa y el Ministerio Público recurrieron de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la cual en fallo unánime rechazó la petición[1], respaldando el fallo emitido por el juez Bravo. 

Un mes después, el 25 de febrero, esta misma empresa estuvo en el centro de las acusaciones por su responsabilidad en el apagón nacional producido en febrero de 2025, en el que quedó en evidencia que ISA Inter Chile S.A. no adoptó previamente medidas aconsejadas por el Coordinador Eléctrico Nacional para prevenir situaciones como la ocurrida[2] con la falla en el tramo Nueva Línea Maitencillo-Pan de Azúcar. La empresa desarrolló en los últimos años las obras de expansión conformadas por   Nueva línea Cardones Maitencillo 2 x 500 KV, Nueva Línea Maitencillo – Pan de Azúcar 2 x 500 KV, y Nueva Línea Pan de Azúcar – Polpaico 2 x 500 KV en el Sistema de Transmisión Troncal del Sistema Interconectado Central. Aun no se ha evacuado el informe final sobre la falla en la citada línea de transmisión eléctrica, ubicada entre Vallenar y Coquimbo y las eventuales responsabilidades de esta y otras empresas en la grave situación ocurrida a inicios del año 2025.

Notas

[1] Fallo de Corte de Apelaciones en https://www.observador.cl/corte-confirmo-fallo-a-favor-de-comuneros-de-la-dormida

[2] https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2025/02/26/empresa-responsable-de-megacorte-demando-al-estado-hace-4-anos-y-chile-tuvo-que-pagarle-us21-millones.shtml

(1) https://www.elcolombiano.com/negocios/empresas/isa-gana-arbitraje-en-chile-ID26076068
(2) Ver sentencia de primera instancia del juez Daniel Bravo
en https://www.defensoriaclimatica.cl/pagina/justicia-para-los-defensores-de-olmue
(3) https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw182585.pdf
(4) https://www.youtube.com/watch?v=sf8jZ9tMTQ4 Transmisión por tv del Poder Judicial del juicio y alegatos de clausura.
(5) https://www.instagram.com/p/DFbYG3Su2oS/?igsh=NGR3cGpwaDI0cDU3 Ig “Salvemos La Campana”
(6) Fallo de Corte de Apelaciones en https://www.observador.cl/corte-confirmo-fallo-a-favor-de-comuneros-de-la-dormida
(7) https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2025/02/26/empresa-responsable-de-megacorte-demando-al-estado-hace-4-anos-y-chile-tuvo-que-pagarle-us21-millones.shtml