Organizaciones sociales denuncian presiones de delegación estadounidense al Gobierno para la implementación del TPP

“No podemos aceptar que una delegación venga a decirnos cómo tenemos que interpretar e implementar leyes que aún no hemos aprobado”, sentenció la Plataforma Chile mejor sin TPP, exigiendo también una aclaración a Cancillería.

Representantes de organizaciones sociales, agrupados en la plataforma Chile mejor sin TPP, denunciaron que durante esta semana arribó a Chile una delegación de la USTR (institución encargada del comercio y tratados internacionales del gobierno de EE.UU), con el objetivo de presionar y vigilar la implementación del Acuerdo Transpacífico (TPP en su sigla en inglés) en nuestro país.

La delegación, que también estaría circulando por los otros países firmantes, habría venido a consultar de qué manera el Gobierno planea implementar el capítulo de propiedad intelectual TPP,  que considera temáticas tan sensibles como el acceso a medicamentos biológicos, la vigilancia de internet y el patentamiento general de bienes culturales o sociales.

“Chile aún no ha dado un debate serio y con altura de miras sobre el TPP, ni tampoco ha ratificado el tratado en el Parlamento. Aceptar que una delegación presione al gobierno chileno y, en específico, a los ministerios involucrados en la materia, es de suma gravedad. Denunciamos la intromisión del gobierno de Estados Unidos en la legislación nacional. No podemos aceptar que una delegación venga a decirnos cómo tenemos que interpretar e implementar leyes que aún no hemos aprobado”, afirmó Carlos Figueroa, integrante de la Plataforma Chile mejor sin TPP.

La Plataforma exigió también una aclaración inmediata del Ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, cuya cartera lidera la discusión del TPP, frente a esta intromisión y vulneración de la soberanía nacional. Así también, apeló a los parlamentarios del oficialismo y oposición para que se pronuncien sobre la materia y  la pertinencia de que el Gobierno de Estados Unidos “tenga el privilegio de supervigilar nuestra legislación y presionar a nuestro Estado para que se cumplan sus objetivos globales”, finalizó Figueroa.