Perú | Alta funcionaria del Ministerio de Salud es removida de su cargo tras manifestar oposición al TPP

Maruja Crisante, quien hasta el viernes pasado ejercía como Directora General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), organismo dependiente del Ministerio de Salud, fue retirada de su cargo tras advertir que el TPP tendrá un “impacto negativo en el gasto público y en el acceso a los medicamentos”.

Como plataforma Chile Mejor sin TPP, evidenciamos este caso como un nuevo ejemplo de la forma en cómo se ha negociado el TPP, en plena consideración y subyugación a la voluntad de las corporaciones transnacionales por parte de los gobiernos de turno, de espalda a la ciudadanía, y ahora acallando y reprendiendo a opositores que manifiesten su rechazo argumentadamente y evidencian sus implicancias.

Perú es uno de los primeros países firmantes del Tratado Transpacífico de Asociación Económica en ingresarlo al Congreso. Este acuerdo no ha encontrado cuestionamientos en el Gobierno de Pedro Pablo Kczynski (PPK), que ha dado continuidad a las gestiones de Ollanta Humala, que días antes de dejar la Presidencia aprobó el envío del TPP al parlamento.

El viernes 04 de noviembre Maruja Crisante, que asumió el cargo el 10 de octubre, participó del foro público TPP y acceso a medicamentos: ¿Una ventaja para el Perú?, que se realizó en el Congreso de dicho país. Durante su exposición afirmó que la Digemid se oponía al polémico Tratado Transpacífico, y que sustentaban tal posición en estudios realizados por el propio Ministerio de Salud (Minsa).

Las Críticas se centraron en que el TPP establece la protección de cinco años a datos de prueba para medicamentos de origen biológico, que extenderá el periodo durante el cual no podrán ingresar al país medicamentos genéricos, creando un monopolio farmacéutico que fijará los precios.

El hecho de que el periodo de protección de datos generará una desventaja para los pacientes  de cáncer o de enfermedades autoinmunes como el lupus o la diabetes mellitus, en un contexto nacional que pronostica el aumento de pacientes con estos padecimientos, fue una de las objeciones hechas por Crisante.

«Los estudios realizados por el Ministerio de Salud muestran que la protección de datos de prueba para productos biotecnológicos tendrían un impacto negativo sobre el precio y el costo del tratamiento, en el gasto público, en el presupuesto institucional y sobre todo en el derecho de las personas a la salud”, afirmó.

La –ahora – ex funcionaria de gobierno, advirtió que «Las proyecciones de las enfermedades no transmisibles y del cáncer muestran que estos problemas se extenderían aún más, con un consecuente impacto negativo en la salud de más peruanos y también en la situación financiera de las familias  y de las instituciones del sector”.