La insistencia del Estado chileno por reflotar el TPP y suscribir acuerdos comerciales

La decisión de Donald Trump de retirar a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), terminó por desahuciar anticipadamente este mega acuerdo comercial que involucraba a doce países de Asia y América, los que en conjunto concentran el 40% del PIB mundial y una población cerca de 800 millones de personas.

Se trata, como sabemos, de acuerdos que exceden con mucho el alcance de acuerdos de comercio bilaterales y multilaterales que vienen suscribiéndose en las últimas décadas, estableciendo reglas para la patentación (capítulo propiedad intelectual) de medicamentos, internet, semillas, entre otros sectores altamente sensibles; además de fijar normas en ámbitos como el empleo, medio ambiente o compras públicas; y mecanismos propios para la solución de controversias, abriendo la posibilidad de que las empresas demanden directamente a los estados, incluso sin agotar las instancias administrativas o judiciales internas establecidas en los distintos países.

Se trata, además, de un acuerdo negociado en forma secreta durante más de cinco años y sin participación de organizaciones de sociedad civil u otros actores interesados, como es el caso de pueblos indígenas, de modo que puedan incidir en el texto definitivo suscrito. Lo que contrasta con la participación que tuvieron en el marco de las negociaciones empresas y otros agentes económicos.

Las situaciones descritas, inciden en la soberanía de los estados y en su deber de promover, proteger y respectar los derechos humanos, admitiendo que sea criterios de mercado y el poder de grupos trasnacionales los que se impongan sobre el bienestar de las personas y comunidades. Como lo han advertido diversos relatores especiales de Naciones Unidas, quienes incluso dirigieron una comunicación específica a estos 12 países, dando un plazo de 60 días para que dieran respuesta una serie de preocupaciones sobre impactos del TPP a estos derechos. Del mismo modo, en atención a estas afectaciones y a derechos de pueblos indígenas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió una audiencia especial en su 159° periodo de sesiones ordinarias para recepcionar información detallada de estos impactos y la no consulta del acuerdo con pueblos indígenas, pese a afectar sus tierras, territorios y recursos en ellos disponibles, así como derechos culturales y colectivos.

Chile, es actualmente el país con mayor número de acuerdos comerciales suscritos en el mundo (un total de 26 con 64 naciones), y lo hace sin atender, ni mucho menos medir, la amenaza que estos acuerdos comienzan a tener cada vez con mayor intensidad sobre los derechos humanos. Algo aún más cuestionable, tras serle solicitado por parte del Instituto de Derechos Humanos (INDH) un estudio de impactos del TPP a estos derechos, el que también es establecido por los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos cada vez que los países suscriben acuerdos, entre ellos los comerciales. Esto en momentos en que Chile discute precisamente un Plan Nacional en la materia.

Por todo lo expuesto, llama a la preocupación la insistencia del estado chileno en intentar reflotar, ahora a través de la Alianza del Pacífico, un acuerdo altamente cuestionado por órganos de tratados a los que Chile está comprometido internacionalmente. También que mantenga la falta de transparencia y el secreto en las negociaciones de tratados, como hoy ocurre con el Acuerdo de Servicios (TISA), que reúne a más de 50 países y que suma a la base del TPP la presión sobre los servicios públicos, con una además cláusula que impide que un servicio privatizado pueda volver a manos del estado. Denegando, por una parte, acceso a la información y, por otra, vulnerando el derecho humano a la participación en las decisiones de interés público. Como lo son, sin lugar a dudas, estas discusiones mantenidas a puertas cerradas. Que bien podrían determinarse, en última instancia, mediante plebiscito ciudadano como ocurrió con el TLC entre Costa Rica y Estados Unidos.

Es momento, finalmente, de replantearse un modelo de apertura de mercado basado en la adopción de acuerdos comerciales, y sus reales beneficios para las y los chilenos. Más aún cuando los principales rubros de exportación (minería, forestal, piscicultura), son a la vez los que vienen generando mayores niveles de contaminación y degradación ambiental. Y los supuestos reportes macroeconómicos, no guardan relación con una mejora de la calidad de vida, de hecho Chile se encuentra entre los países con los peores índices de distribución a nivel mundial.