Macri y Piñera quieren convertir Sudamérica en una gran Alianza del Pacífico

Declaración conjunta de la Plataforma Chile mejor sin TLC y Asamblea Argentina mejor sin TLC

La reciente visita del Presidente chileno Sebastián Piñera a la Argentina se encuentra en el marco del intento por profundizar los lazos comerciales entre ambos países. La firma de un Tratado de Libre Comercio en septiembre de 2017 estuvo en ese camino. Desde la Plataforma Chile mejor sin TLC y la Asamblea Argentina mejor sin TLC rechazamos rotundamente que la integración entre ambos países sea entendida como una cuestión meramente mercantil, sesgada al comercio entre empresas y no como una integración política integral basada en los principios de la solidaridad y la complementariedad.

La firma de tratados comerciales durante 2017 entre Chile y Argentina, y entre Chile y Uruguay, avanza en el sentido de acercar los bloques del Mercosur y de la Alianza del Pacífico, adaptando cualquier idea de integración política a la integración comercial y a la apertura indiscriminada de los mercados internos. El único objetivo de este acercamiento es la inserción de nuestros países en las cadenas globales de valor que sólo refuerzan los privilegios de las grandes empresas transnacionales y que en el mismo movimiento quitan derechos a nuestros pueblos. Todo esto, bajo el beneplácito de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que sostiene que con más comercio se logra el desarrollo.

Sin embargo, veinte años de experiencia han demostrado ampliamente que los TLC tienen un fuerte impacto sobre la vida de los pueblos y, sobre todo, en el ejercicio de los derechos fundamentales como la salud, la educación y el trabajo. La firma de los mismos limita la capacidad de maniobra de cualquier gobierno para tomar decisiones claves en materia económica, social o ambiental.

A mediano plazo, los países del Mercosur intentan sumarse al Tratado Transpacífico (hoy TPP-11), al cual los presidentes de Chile, Perú y México han dado el visto bueno, pero aún queda la última palabra de los representantes en los Congresos. Denunciamos este movimiento y exigimos que se hagan públicos los estudios de impacto pertinentes, que se realice debates públicos, abiertos y democráticos, y que los sectores directamente afectados por las cláusulas de estos tratados tengan voz y voto a la hora de decidir la firma de estos tratados.