Organizaciones sociales entregan carta a Bachelet denunciando que el TPP amenaza los Derechos Humanos
En la víspera de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, más de 90 organizaciones representadas en la plataforma Chile Mejor Sin TPP llegaron hasta La Moneda para denunciar el impacto que el acuerdo tendrá sobre los derechos de chilenas, chilenos y pueblos indígenas.
Durante la mañana de este miércoles 9 de diciembre, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, la plataforma Chile Mejor Sin TPP -que representa a más de 90 organizaciones de la sociedad civil- llegó hasta La Moneda para entregar una carta a la presidenta Michelle Bachelet donde manifiesta su preocupación sobre los efectos que tendrá la suscripción de Chile al Acuerdo Transpacífico TPP.
“Hemos venido a entregar una carta donde le manifestamos a la presidenta nuestra preocupación por la amenaza que este acuerdo significará sobre nuestros Derechos Humanos”, explicó Paulina Acevedo, del Observatorio Ciudadano y miembro de la plataforma, enfatizando que este impacto ha sido también advertido recientemente por un conjunto de expertos y relatores especiales de Naciones Unidas.
A la vez, el daño que el tratado internacional provocaría a los derechos fundamentales ha sido apuntado por el propio Ministerio de Salud, en lo referido a la extensión de la protección de patentes de productos farmacéuticos que el TPP supone entre sus cláusulas y que provocará el aumento del costo y las dificultades de acceso a los medicamentos.
“Esto puede generar graves consecuencias en la salud de los chilenos. De hecho queremos consultarle al canciller (Heraldo Muñoz) cuánto se va a demorar un paciente en acceder a un medicamento innovador una vez que este baje de precio. ¿Cinco u ocho años?”, interpeló Jorge Cárdenas, químico farmacéutico y miembro de Fundación Equidad, en alusión a la defensa del Ministro sobre el impacto del acuerdo en la protección de medicamentos biológicos.
El Acuerdo Transpacífico TPP ha sido negociado durante cinco años en absoluta reserva entre los equipos de los países suscriptores. El tratado contiene cerca de 6 mil páginas en total y sólo fue liberado el pasado 5 de octubre en inglés, para ser traducido a su versión en español un mes después. En Chile, el Parlamento sólo podrá votar a favor o en contra del acuerdo, sin ninguna posibilidad de modificar el texto, y se espera que esta votación se realice durante el próximo año. Por ello, los activistas llaman a senadores y diputados a manifestar su rechazo al acuerdo.
“Si bien estos tratados reportan beneficios económicos, también plantean la posibilidad de vulneraciones a derechos fundamentales que los relatos de Naciones Unidas ya identifica completamente. Estos se vinculan en su mayoría a derechos económicos y sociales”, afirmó Acevedo.
ACUERDO IMPLICARÁ RATIFICACIÓN DE LEY MONSANTO
Desde la plataforma Chile Mejor Sin TPP también enfatizaron que el TPP no cumple con uno de los compromisos suscritos por nuestro país en materia internacional: en específico, en lo consignado en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, donde se establece que cualquier proyecto o tratado que prevea medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectar a los pueblos indígenas directamente debe contar con un proceso previo de consulta libre e informada.
Por su parte, Lucía Sepúlveda, dirigenta de la Red de Acción en Plaguicidas de Chile (RAP-Chile) enfatizó que el acuerdo “está obligando al Estado chileno a ratificar el Convenio UPOV 91 de privatización de la semilla, y eso es un atentado a lo que los ciudadanos y ciudadanas queremos, puesto que ya se había detenido el proyecto de Ley Monsanto, que es su formulación en inglés. Insistir en ratificar, a través de un tratado internacional, algo que ha sido rechazado por la ciudadanía es un atentado a nuestros derechos de alimentación y propiedad intelectual”.
A las denuncias de las organizaciones en contra del TPP se suman otras amenazas contempladas en el tratado, como la posible adecuación de normativas internas en atención al acuerdo, obstáculos al acceso al conocimiento a través de una fuerte regulación del uso de Internet y patentes, y la posibilidad de que las empresas puedan demandar al Estado de Chile en caso de considerar que se está obstaculizando la inversión.
“En atención a lo señalado, es que solicitamos a usted se promueva un debate amplio y participativo en torno a este tratado, y que se garantice que los Derechos Humanos de la población sean salvaguardados, en consonancia con las obligaciones internacionales que el Estado ha asumido en la materia”, consignaron las organizaciones sociales en la carta entregada hoy en La Moneda.
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