Opinión

Este próximo martes 7 de agosto, se encuentra en tabla para su votación definitiva por la Sala del Senado el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Uruguay. De aprobarse su ratificación, el Estado, siendo el Congreso uno de sus poderes, incurrirá en incumplimiento de sus obligaciones internacionales emanadas de otros tratados ya suscritos anteriormente, en este caso de derechos humanos.

Este 8 de marzo, tras intensas rondas de negociaciones, se procederá a la firma del texto definitivo del “Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico” (CPTPP, por sus siglas en inglés), conocido como TPP11. Este tratado viene a sustituir al desahuciado Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), luego que la salida de Estados Unidos del mismo hiciera inviable su implementación.

Un Tratado de Libre Comercio TLC como el de Chile-Uruguay impulsado por dos gobiernos que se califican de progresistas o de izquierda no tuvo ni ha tenido diálogo previo ni consulta informada ni participación de las organizaciones sociales y de las y los trabajadores de ambos países.

Por Esteban Silva
Consideramos estrictamente necesario que las personas sepan las implicancias que traería la ratificación del Tratado Transpacífico de Asociación Económica ante un eventual cambio, ya sea mesurado, profundo o basado en el paradigma de la seguridad social; al actual “sistema” de pensiones.

Por Hernán Morales
Con la firma del Acuerdo Transpacífico (TPP), Chile se ha puesto voluntariamente en una encrucijada que conduce a dos caminos negativos. En estas líneas trataré de dilucidar cuál es, en mi opinión –de entre su ratificación o rechazo– la alternativa menos mala.